Alumnos de más de un centenar de centros de Málaga no irán a clase si no se cumplen las medidas sanitarias
Educación
Surge el movimiento Ampas en Pie para reunir a las familias de la enseñanza pública y luchar por espacios seguros para sus hijos
No temen la apertura de expedientes de absentismo y aseguran que "nos veremos en la Fiscalía de Menores"
Málaga/La vuelta a la enseñanza presencial en septiembre había sembrado mucha preocupación entre las familias pero poca movilización. Hasta ahora. En los últimos días más de un centenar de asociaciones de padres y madres de Málaga, independientes y al margen de sindicatos o federaciones, se han unido en un movimiento llamado Ampas en Pie. El objetivo, luchar porque las clases puedan ser espacios seguros para sus hijos. Algo que pasa, a su entender, por medidas que no se van a poner en marcha, según el decálogo dado por Educación a los centros. Por ello, el alumnado no acudirá a los centros escolares.
"Las familias no vamos a llevar a los niños al centro hasta que no veamos que se cumplan unas medidas sanitarias lógicas", explica Olga Amado, portavoz del movimiento. "Las familias no somos tontas, ni somos personas desinformadas, estamos al tanto de lo que ocurre y buscamos la información que necesitamos para saber que si los colegios no son seguros no los vamos a llevar, nos pueden abrir los expedientes de absentismo que consideren que nos veremos en la Fiscalía de Menores", agrega.
Para esta plataforma, "que no haya prevista bajada de ratio, ni distancia social, ni refuerzo real y efectivo de la plantilla docente, ni se garantice la limpieza e higienización permanente de las aulas y espacios de colegios e institutos ha generado en las familias una enorme preocupación, pues se ven abocadas a dejar a sus hijos e hijas expuestos al contagio diario en sus aulas", dicen en un escrito que han presentado en la Delegación Provincial de Educación.
Ya son 115 y van subiendo conforme se extiende la información. "Es un movimiento social, cívico, de familias conscientes y que quieren pelear por el bienestar de sus hijos, por los derechos de los niños", añade la portavoz. "Ni las amenazas del señor Imbroda ni de los vicesonsejeros nos van a amedrentar a las familias porque está en juego lo más importante para nosotros, que es la salud de nuestros hijos", indica Amado.
En cuanto a los protocolos contra el absentismo, las familias consideran que "no nos pueden achacar la dejación de funciones como padres, puesto que es lo contrario, si no podemos confiar en nuestras propias administraciones públicas lo tendremos que hacer nosotros". Así que, si no toman otro tipo de medidas de cara a septiembre, si pretenden desde la Consejería "comenzar el curso como en 2019, con los mismos grupos y las ratios ya sobrepasadas, no vamos a llevar a los niños al colegio".
Y a eso, dicen, "es a lo que nos está empujando la Junta". "La ratio ya se viola, nos hacinan, cierran líneas, y es imprescindible para evitar el contagio mantener la separación de seguridad, la distancia social, no se han puesto todos los recursos posibles para hacer un distanciamiento efectivo del alumnado", sostiene la portavoz del movimiento.
También señalan que en Alemania abrieron los centros y los volvieron a cerrar. "El país se confinará otra vez si cunden los contagios en los colegios, lo están diciendo los expertos, el contagio que va a haber es bestial cuando se abran las aulas, algunas como en Bachillerato con 35 alumnos metidos seis horas en una habitación, sin una buena ventilación, es una auténtica locura", destacan desde el movimiento Ampas en Pie.
Consideran que "todo es cuestión de voluntad política y de inversión" y temen que el dinero no vaya a la educación pública "que ya estaba mal, lo reconocemos". "Pero esto es una verdadera negligencia, porque aun sabiendo que están cometiendo un error siguen hacia adelante y se amparan en la enseñanza obligatoria pero a qué costo, estamos hablando de salud, no de antojo", protesta Amado.
El colectivo también reivindica que sean especialistas los que pongan en marcha el protocolo Covid en los centros escolares y no cargos directivos y docentes "sin garantías de conocimiento sanitario".
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